La Moncloa. 05/12/2022. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]

2022-12-07 16:41:10 By : Ms. Vicky Lei

San Millán de la Cogolla, 10:30 | Pedro Sánchez presenta el centro que impulsará el PERTE Nueva Economía de la Lengua Ver agenda

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

El Convenio sobre el acceso a los documentos públicos (Convenio número 205 del Consejo de Europa) fue hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009. Hasta la fecha lo han ratificado trece Estados: (Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suecia, Ucrania). Otros siete Estados más lo han firmado: España, Bélgica, Eslovenia, Georgia, Macedonia del Norte, San Marino y Serbia. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2020. La firma del Convenio por parte de España se produjo el 23 de noviembre de 2021, previa autorización del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de febrero de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse encuadrado en el supuesto al que se refiere el apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, puesto que el mismo recae en gran parte de su contenido sobre materias reservadas a ley.

El contenido del Convenio concuerda con la legislación española en vigor, en concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el preámbulo se resalta la importancia de la transparencia de los órganos del Estado como uno de los elementos claves de la buena gobernanza y también uno de los aspectos que mejor revela la existencia de una sociedad verdaderamente democrática y pluralista.

Los diez primeros artículos se resumen a continuación:

Se crean dos instancias de control:

Por último, se establece que la Secretaría del Consejo prestará asistencia a la Consulta de las Partes y al Grupo de Especialistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de autorización de contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 13.840.000 euros.

En ejecución del mandato que tiene encomendado, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 13.840.000 euros, con el siguiente desglose:

El FNUAP es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, que trabaja para lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos y la reducción de la mortalidad materna, con el propósito de mejorar la vida de las mujeres, las adolescentes y los jóvenes. Esta contribución se centrará en actuaciones en Venezuela enfocadas al fortalecimiento de las capacidades para la garantía de derechos sexuales y reproductivos y en Marruecos promoverá la integración social de las jóvenes que ni estudian ni trabajan a través de un programa integrado de desarrollo de capacidades.

La OPS es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano. Sirve como oficina regional para las Américas de la OMS y da respuesta a las emergencias y desastres en la región de América Latina y el Caribe. La contribución está enfocada a mejorar el acceso a los servicios esenciales de salud de los pueblos indígenas en algunas de las zonas más vulnerables de Venezuela y contribuirá a potenciar el acercamiento de los servicios esenciales de salud pública a dichas comunidades.

El PNUD es el organismo mundial de las Naciones Unidas que respalda los procesos que se llevan a cabo a nivel nacional para acelerar el progreso en materia de desarrollo humano. Su trabajo se dirige a erradicar la pobreza mediante el desarrollo, el crecimiento económico equitativo y sostenido y el fomento de las capacidades.

La aportación propuesta contribuirá a la Cesta de Donantes para la transición en Chad, que tiene por objetivo lograr una transición pacífica e inclusiva que permita un retorno al orden constitucional que siente las bases para una paz duradera. Asimismo, la contribución se destina al Líbano para la financiación de intervenciones de instalación de sistemas sostenibles de energías renovables en escuelas para hacer frente a la crisis energética actual en el país.

UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en vías de desarrollo. La contribución que se propone prevé una intervención en Venezuela que busca ayudar a reforzar el sistema de protección de la infancia en dos municipios del Estado de Amazonas con población mayoritariamente indígena (Atures y Autanas). Asimismo, se apoyará el trabajo que UNICEF está desarrollando en Senegal en materia de registros civiles con el fin, en particular, de aumentar las inscripciones de niños y jóvenes.

La OCDE tiene por objetivo promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Es un foro único en donde los gobiernos de 37 democracias y economías de mercado, trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza relacionados con la agenda global. Con esta contribución se plantea, por un lado, el apoyo a los trabajos del organismo con relación al Comité de Ayuda al Desarrollo y algunos grupos de trabajo existentes en el Centro de Desarrollo de dicha institución. También se apoyará la labor del Club Sahel, una plataforma internacional que promueve el desarrollo de políticas regionales para mejorar el bienestar económico y social de las poblaciones en el Sahel y en África del Oeste.

El PMA es un programa de la Organización de las Naciones Unidas, fundado en 1962, con la misión de apoyar todos los esfuerzos para reducir el hambre y la pobreza, fundamentalmente, a través del apoyo logístico para garantizar la distribución de alimentos a la población con mayor necesidad. Se propone financiar la intervención en Níger, en el sector de seguridad alimentaria y nutrición, habida cuenta de la difícil situación que atraviesa el país, apoyando concretamente el Plan de Apoyo a las Poblaciones Vulnerables, en cuya ejecución el PMA trabaja.

La UNRWA ofrece ayuda de emergencia y programas de asistencia social a la población palestina refugiada. La presente contribución se destinará específicamente a los campos de refugiados en Jordania, en los que gran parte de las infraestructuras (viviendas, pavimentación de calles y aceras, redes de alcantarillado de aguas residuales y pluviales) están en una situación de gran precariedad.

La SEGIB fue creada en 2003 para dar apoyo institucional y técnico permanente a la Conferencia Iberoamericana de la que forman parte los veintidós países iberoamericanos. La contribución propuesta se destinará a financiar acciones en los ámbitos de juventud, justicia, discapacidad, así como estudios sobre las percepciones en Latinoamérica.

El G5-Sahel es un marco de cooperación regional para políticas de desarrollo y seguridad en el Sahel. El apoyo que se pretende reforzar con esta contribución forma parte del mandato de la Alianza Sahel, que España preside y resulta fundamental en un momento en el que estos países atraviesan una crisis compleja en términos de seguridad, estabilidad política y desarrollo.

Fundada en 2004, la Fundación Anna Lindh (FAL) es una entidad donde participan los países de la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes. Su objetivo principal es acercar a las personas del espacio Euromed como medio para promover el respeto por la diversidad y el diálogo entre los ciudadanos de diferentes culturas, orígenes y creencias. Esta contribución está enfocada al fortalecimiento de la sociedad civil mediterránea, especialmente en los sectores de juventud y mujeres, mediante el refuerzo de capacidades y la identificación de actores e interlocutores en la sociedad civil mediterránea con vistas a la puesta en marcha de proyectos concretos.

La Alianza Mundial por la Educación tiene como objetivo la construcción de sistemas educativos fuertes y resilientes. Se pretende que esta contribución vaya destinada a Níger, a apoyar el Programa Sectorial de Educación y de la Formación 2014-2024, ejecutado por el Fondo Común Sectorial de Educación, con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos de la política educativa del Gobierno nigerino sobre el conjunto de la educación y la formación continua. La educación una prioridad para la cooperación española en Níger tal y como ha quedado reflejado en el Marco de Asociación País 2022-2026.

Constituido en 2002, este Fondo es un organismo financiero que tiene por objetivo eliminar el VIH, Tuberculosis y Malaria y asegurar un futuro más saludable, seguro y equitativo para todos. Esta contribución forma parte del compromiso hecho por España en 2019, en la 6ª Reposición, cuando se comprometió la cifra de 100 millones de euros para el periodo 2020-2022, cantidad que ha sido asumida en su mayoría desde la Dirección General de Política de Desarrollo Sostenible. Esta contribución viene a complementar la que realiza en 2022 la Dirección General de Política de Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y el Ministerio de Sanidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autorizan contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 33.674.652 euros.

De acuerdo con sus prioridades políticas, España viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 33.674.652 euros, con el siguiente desglose:

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la implementación de la capacidad Modo 5 (militar) y Modo S (civil) en los sistemas de identificación amigo-enemigo de la flota C-15 (F-18) del Ejército del Aire y del Espacio.

Esta tecnología permite identificar las aeronaves, vehículos o fuerzas y determinar su rumbo, posibilitando así anticipar potenciales amenazas.

El contrato se regirá por lo previsto en el Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, regulador de la Contratación Militar en el extranjero.

El valor estimado del contrato es de 14.420.102,00 euros.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la firma de un convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán.

La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria (DGPERF) ha solicitado autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Sociedad Línea Figueras-Perpiñán S.A. para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviaria entre España y Francia', según nivel de vinculación, cuya dotación inicial en el presupuesto para 2022 se eleva a 1.250.000 euros.

La citada Dirección General está tramitando el Acuerdo internacional Administrativo, 'Convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán', cuya firma por España y Francia se realizará en este ejercicio.

El objeto del convenio es encomendar al proveedor de servicios todas las prestaciones de explotación y mantenimiento de la sección internacional de la indicada línea ferroviaria.

Este convenio da continuidad al anterior 'Convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán', formalizado el 19 de diciembre de 2016, con un plazo inicial de cuatro años prorrogado por dos años más mediante una adenda al convenio y cuyo plazo de finalización es el 20 de diciembre de 2022.

El nuevo convenio entrará en vigor en esta misma fecha, tendrá una duración de 4 años y podrá ser prorrogado por un periodo de dos años.

Durante la vigencia del convenio, el proveedor de servicios será el administrador de infraestructuras de la sección internacional y la explotará de conformidad con las prescripciones relativas a la explotación y el mantenimiento recogidas en el acuerdo.

En cuanto a las aportaciones anuales máximas de la Administración General del Estado, que serían precisas en cada uno de los ejercicios presupuestarios, según se desglosan en el Anexo 5 del Convenio, serían los siguientes:

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una transferencia de crédito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinada a la aplicación presupuestaria 'Renfe Viajeros, S.M.E.,S.A. para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación', por importe de 237.511.000 euros.

Con fecha 18 de diciembre de 2018, el entonces Ministerio de Fomento y RENFE Viajeros S.M.E. S.A. firmaron el Contrato para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, Media Distancia Convencional, Alta Velocidad Media Distancia (AVANT) y Ancho Métrico, competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027, con una vigencia de diez años.

El mismo ha sido modificado el 4 de noviembre de 2019 mediante la Adenda nº1, el 21 de diciembre de 2021 por la Adenda nº2 y el 15 de julio de 2022 por la Adenda nº3. En dicho Contrato se establecen las condiciones conforme a las que Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. debe prestar los servicios de transporte ferroviario, así como la compensación económica máxima a la que tendrá derecho dicha Sociedad durante cada uno de los años de vigencia del mismo. Para ello, se establece en la cláusula duodécima el procedimiento para la liquidación y pago de la misma.

Según señala la Dirección General de Transporte Terrestre, en la actualidad, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula señalada, la Comisión de Seguimiento ha aprobado la liquidación provisional del ejercicio 2021, por un total de 1.106.904.000 euros, superando en 164.685.000 euros la cantidad prevista con inversión en material rodante.

Asimismo, la Comisión de Seguimiento aprobó el 19 de abril de 2022 la liquidación definitiva del ejercicio 2020, por un importe de 1.108.389.000 euros. En la redacción vigente del Contrato el importe pendiente de abono de la liquidación definitiva del devengo de 2020 está presupuestado en los ejercicios 2023, 2024 y 2025, por un importe global de 103.823.000 euros que queda en 97.826.000 euros, considerando la reducción operada en la liquidación definitiva aprobada.

Esta cuantía es un adicional extraordinario respecto al previsto originalmente en el Contrato, debido fundamentalmente a las restricciones de movilidad que se produjeron en 2020 por la pandemia de Covid-19. En conjunto, ambas cuantías suponen un total de presupuesto requerido adicionalmente en el Contrato para los años venideros de 262.511.000 euros (164.685.000 de la liquidación provisional de 2021 más 97.826.000 euros de la liquidación definitiva de 2020).

Esta importante cuantía, en condiciones normales, debería abonarse en futuros ejercicios a partir de 2023. Sin embargo, esto provocaría significativos perjuicios a RENFE Viajeros S.M.E., S.A., que debería conseguir la financiación por adelantado de los importes cuyo pago se aplace a ejercicios posteriores, encareciendo sus costes. Por esa razón, se considera que sería más adecuado cubrir ese déficit lo antes posible, con el propio presupuesto del vigente ejercicio 2022.

Teniendo en cuenta que, según se pone de manifiesto en la documentación remitida, el crédito disponible existente para hacer frente a estas necesidades es de 25.000.000 euros, se produce una insuficiencia presupuestaria de 237.511.000 euros (262.511.000 menos 25.000.000), se propone la presente transferencia de crédito, la cual será financiada con cargo a la partida 'Intereses', cuya competencia para su aprobación corresponde al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Defensa desarrollar una serie de contratos relativos a estudios y trabajos técnicos del Ejército del Aire y del Espacio.

El Ministerio de Defensa ha solicitado autorización para modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria con la finalidad de adquirir compromisos de gasto con cargo al ejercicio presupuestario 2023 para financiar expedientes de asistencia técnica de la Jefatura de servicios técnicos y Ciberespacio del Ejército del Aire y del Espacio, con el siguiente destino:

Por todo lo anterior, el Ministerio de Defensa expone la necesidad de disponer de compromisos de crédito para el ejercicio 2023, en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', teniendo en cuenta los compromisos que ya tiene asumidos, por el siguiente importe:

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Sanidad, con base en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General de Salud Pública llevar a cabo la tramitación de varios contratos y convenios. Para ello, es necesario modificar la aplicación presupuestaria 'Material, suministros y otros', con una dotación inicial a nivel de vinculación en los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 de 446.956.640 euros.

El pasado 28 de septiembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se modificaban los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir gastos con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Sanidad.

El fin era posibilitar a la Dirección General de Salud Pública la tramitación de varios expedientes de gasto de contratos y un convenio. En virtud de este Acuerdo, el límite máximo de compromisos a adquirir con cargo a la aplicación presupuestaria 26.07.313B.22, quedó establecido como se indica a continuación:

Durante el presente ejercicio 2022 han surgido nuevos expedientes de gastos plurianuales de tramitación anticipada derivados de varios contratos y convenios que afectan al límite de gasto autorizado en el ejercicio 2023. El detalle e importes de los citados contratos y convenios se muestran en el siguiente cuadro:

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos, a nivel de vinculación, de la aplicación presupuestaria 'Material, suministros y otros' y las nuevas necesidades a abordar en el año 2023 resulta lo siguiente:

Por lo expuesto, al superarse en el año 2023 los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos máximos de gastos en la mencionada aplicación.

El Consejo de Ministros ha autorizado modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto -Ley 36/2020, para permitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo interdepartamental de colaboración entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la mejora de información cartográfica mediante la participación del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Con fecha 9 de noviembre de 2022 se firmó un acuerdo interdepartamental de colaboración que tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre ambos Ministerios para disponer de un Modelo Digital de Elevación a nivel nacional, y en el que se encuadra el desarrollo de las actuaciones previstas en el Componente 4 "Ecosistemas y biodiversidad". El importe estimado de las actuaciones previstas a financiar por el Ministerio de Transportes asciende a la cantidad de 19.925.042,70 euros con la siguiente distribución por anualidades e importes:

El Consejo de Ministros ha tomado razón del Plan de Acción de la revisión del gasto de las Administraciones Públicas (Spending Review 2022-2026 Fase I) elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal y se traslada el mandato a dicha autoridad para la elaboración de las sucesivas fases de revisión del gasto de las Administraciones Públicas del ciclo 2022-2026.

El Consejo de Ministros adoptó el pasado 28 de diciembre de 2021 el Acuerdo por el que se aprueba el nuevo ciclo de revisión del gasto público 2022-2026 y se formaliza la fase I del proceso de revisión del gasto público de ese periodo.

En esta primera fase, se encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) realizar el análisis de las dos primeras áreas de gasto:

La AIREF ha presentado su Plan de Acción al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este plan se recogen los detalles metodológicos sobre el análisis, así como el calendario previsto y el presupuesto. La AIREF se compromete a realizar el análisis en el plazo de un año desde la incorporación de los medios que sean necesarios para el mismo.

El pasado 25 de noviembre la ministra de Hacienda y Función Pública firmó la Orden por la que se aprueba el Plan de Acción de la AIREF de esta primera fase del ciclo de análisis 2022-2026. Ahora se eleva al Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se toma razón del Plan de Acción, de tal forma que la AIREF pueda comenzar con los trabajos de análisis inmediatamente.

Con la puesta en marcha de esta nueva fase de revisión del gasto público, se avanza en el compromiso del Gobierno con la transparencia, la mejora de la calidad del gasto público y el refuerzo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuro, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Defensa llevar a cabo la adquisición de un segundo lote del sistema integrado de enseñanza en vuelo para pilotos (Integrated Training System-ITS).

Este sistema está basado en el entrenador PILATUS PC-21, para sustituir el entrenador E-26 TAMIZ, el cual se utiliza para impartir la Fase I o Elemental de la enseñanza en vuelo para pilotos.

La modernización de la enseñanza en vuelo permitirá la adaptación de la formación de los pilotos alumnos de la Academia General del Aire a las tecnologías empleadas en las modernas aeronaves operativas, tanto a las ya existentes como a las futuras, satisfaciendo requisitos de formación más elevados y propios de un sistema más eficiente.

Con fecha 30 de enero de 2020, el Ministerio de Defensa formalizó con la empresa Pilatus Aircraft LTD el contrato de suministros cuyo objeto era la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento de pilotos para sustituir a la vieja flota de entrenadores C-101 (E-25) de la Escuela Básica de la AGA (Academia General del Aire). Este sistema se encuentra en servicio desde el inicio del curso 2022-2023.

Asimismo, en el presente ejercicio, se validó la sustitución de la E-26 por el 'Avión Entrenador Elemental de la Academia General del Aire'.

La imposibilidad de adquirir un sustituto en tan escaso periodo de tiempo para realizar las funciones de enseñanza de la Escuela Elemental, lleva a la conclusión de que la opción que se considera más favorable y viable es la adquisición de un segundo lote de PILATUS PC-21 (E-27).

Para atender la necesidad, resultaría necesario la adquisición de:

En consecuencia, y teniendo en cuenta los compromisos que ya tiene asumidos el Ministerio de Defensa, los importes totales de los compromisos de gasto a adquirir, según nivel de vinculación, para los ejercicios 2023 a 2029, para atender las necesidades expuestas anteriormente, son los que se detallan a continuación:

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros del Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), con base en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la confección de talonarios de recetas, así como la Adenda de modificación al convenio de colaboración con el Servicio de Salud de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la realización de un convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos de España para fijar las condiciones de ejecución de la prestación farmacéutica.

MUFACE solicita, concretamente, autorización para modificar los límites de la aplicación presupuestaria 'Gastos corrientes en bienes y servicios', según nivel de vinculación, dotada en el presupuesto para el año 2022, con un crédito inicial de 1.170.604.030 euros.

Según manifiesta el organismo, el motivo es la necesidad de iniciar con cargo a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 diversos expedientes de gasto de tramitación anticipada que son necesarios para el normal funcionamiento del citado Organismo Autónomo, siendo los siguientes:

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la citada aplicación presupuestaria, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

Por todo ello, al superarse para los años 2023 y 2024 los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para la citada aplicación y las citadas anualidades.

El Consejo de Ministros ha autorizado licitar, a través de ADIF, el contrato para el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios del tramo Madrid-Lleida de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelona-Francia.

Estas actuaciones, con una inversión de 65,8 millones de euros (sin IVA) y un plazo de 48 meses, van dirigidas a la realización de actividades de conservación preventivas y correctivas con el fin de garantizar la operatividad ferroviaria y el óptimo estado de las instalaciones y su disponibilidad, eficacia y funcionalidad, proporcionando confort a los viajeros y reduciendo la probabilidad de incidencias.

Los centros de mantenimiento desde los que se desarrollarán estas actividades de mantenimiento son los de Madrid Sur, Brihuega (Guadalajara), Calatayud y Zaragoza (Aragón) y Montagut (Lleida).

Entre las instalaciones que serán objeto de este mantenimiento figuran todo tipo de dispositivos y elementos que desempeñan un papel clave en la gestión del tráfico ferroviario.

Así, están incluidos:

Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del convenio para la concesión directa de una subvención de 13,9 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación de servicios de movilidad territorial en la provincia de Cuenca en el marco de la iniciativa XCuenca.

Las ayudas se otorgan con cargo a los presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para los ejercicios de los años 2022 al 2027, con una anualidad estimada de 2,45 millones de euros.

Estos servicios, que se consideran pieza imprescindible del proyecto integral de movilidad de MITMA diseñado para la provincia de Cuenca, incluyen:

En definitiva, se trata de un nuevo paso para reforzar la conectividad de la provincia, tras la firma el 4 de marzo del 2022, del protocolo general de actuación y la entrada en servicio de los servicios AVANT "Madrugador". A lo que hay que sumar la iniciativa pionera para la extensión de los bonos recurrentes a toda la oferta AVE de la ciudad de Cuenca con Madrid y Albacete en los meses de junio y julio de este mismo año. Además, también se añade a la aprobación, el 27 de septiembre del 2022, del Real Decreto de subvención directa al servicio de 'Lanzadera AVE' del Ayuntamiento de Cuenca.

De esta forma, avanza la iniciativa xCuenca que permitirá utilizar la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete como eje troncal de transportes para la conexión de la ciudad de Cuenca.

Resultado del trabajo conjunto de las administraciones territoriales, la iniciativa xCuenca establece el marco general de actuación para aplicar una estrategia de movilidad coordinada y cooperativa para la integración del territorio a lo largo del tramo ferroviario de ancho ibérico Aranjuez-Cuenca-Utiel. Asimismo, tiene por objeto recoger la voluntad de los firmantes de adecuar la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel a un uso social distinto.

Es un proyecto integral que trata de dar la mejor solución de conectividad a los ciudadanos desde un punto de vista intermodal, mejorando sus oportunidades de viaje y tiempos de viaje actuales, y optimizando tanto el uso de los fondos públicos como de los bienes físicos de la propia línea ferroviaria.

En cuanto a las actuaciones que implican directamente a la ciudad de Cuenca, la iniciativa dispone de diversos instrumentos:

Todo ello añadido a las actuaciones previstas que afectan al resto de la provincia, como:

El Consejo de Ministros ha autorizado a ADIF a licitar por 71,8 millones de euros (sin IVA) los servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Norte. El contrato abarca más de 450 km, en el ámbito de las bases de Olmedo (Valladolid) y Villada (Palencia), así como las subbases de Soto del Real (Madrid) y Villamuriel de Cerrato (Palencia). El plazo de ejecución del contrato abarca 48 meses, entre 2023 y 2027.

Con estas actuaciones se contribuye a la óptima conservación del estado de las instalaciones ferroviarias, la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad y el confort de los viajeros.

En concreto, los trabajos contemplados incluyen el mantenimiento de los siguientes tramos con parámetros de alta velocidad: Madrid Chamartín Clara Campoamor - Burgos Rosa Manzano; Bifurcación Venta de Baños - León; Burgos Rosa Manzano - Cambiador de Burgos; Bifurcación Cerrato - Cambiador de Villamuriel (Palencia); Bifurcación Cerrato - Bifurcación Soto de Cerrato (Palencia); Bifurcación Estadio Municipal - Cambiador de Clasificación (León); Bifurcación Vilecha - Cambiador de Vilecha (León); Cambiador de Chamartín - CTT Fuencarral (Madrid); Bifurcación Cambiador de Valdestillas - Cambiador de Valdestillas (Valladolid).

Asimismo, incluye, a partir de su futura puesta en servicio, el nuevo ramal de acceso al Aeropuerto Madrid-Barajas desde Chamartín.

En todos ellos, se prevé el mantenimiento de los elementos de infraestructura y superestructura de la traza general, vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de ejes y otras instalaciones.

Labores de conservación y mantenimiento

Las tareas e instalaciones objeto del contrato son las siguientes:

El Consejo de Ministros ha autorizado a ADIF Alta Velocidad a licitar el contrato para la construcción del tramo de 13,7 km entre Calahorra de Boedo-Alar del Rey (provincia de Palencia) de la Línea de Alta Velocidad entre Palencia y Santander, con una inversión de más de 109 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de las obras de 36 meses.

Se inicia la contratación del quinto tramo de alta velocidad de la línea Palencia-Santander, que se suma a los que se encuentran en construcción (Palencia Norte-Amusco y Amusco-Osorno) y los licitados (Palencia-Palencia Norte y Osorno-Calahorra de Boedo). Estos cinco tramos completan los 78,4 km de longitud proyectados para la nueva línea de alta velocidad entre Palencia y Alar del Rey.

El nuevo trazado corre de forma independiente a la línea convencional con características de alta velocidad, con uso exclusivo para viajeros, doble vía electrificada y ancho de vía estándar para una velocidad máxima de 350 km/h. El estudio informativo prevé también la remodelación de la estación de Aguilar de Campóo (Palencia).

Características del nuevo tramo

El nuevo tramo, cuya licitación se ha autorizado, se inicia a continuación del tramo Osorno-Calahorra de Boedo y discurre por los términos municipales de Calahorra de Boedo, Páramo de Boedo, Herrera de Pisuerga, Prádanos de Ojeda y Alar del Rey; todos ellos en la provincia de Palencia.

En este tramo se construirá un viaducto sobre el río Boedo (126 m), otro sobre el Río Burejo (182 m), una estructura de cruce bajo la A-67 y la P-231 (252,7 m), tres pasos superiores, once pasos inferiores, que a su vez hacen la función de pasos de fauna y que aseguran la permeabilidad viaria de la línea, y obras de drenaje.

Conexión de Palencia y Cantabria a la alta velocidad

La conexión de alta velocidad Palencia-Santander supone la construcción de una nueva línea de ancho estándar entre la capital palentina y Alar del Rey, a lo largo de más de 78 km, que se completará hasta Reinosa. A su ejecución se destinará una inversión de unos 1.700 millones de euros.

La construcción de esta línea favorecerá las comunicaciones de Santander con el centro del país, reduciendo los tiempos de viaje y reforzando la fiabilidad y el confort de la infraestructura, al tiempo que se incrementa la capacidad de circulación al disponer de doble vía en la mayor parte de su recorrido.

Hitos de la conexión con la alta velocidad

La conexión del centro del país con Santander en alta velocidad avanza con esta licitación y con la consecución de los siguientes hitos:

Obras en ejecución en la LAV Palencia-Santander

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

La obra de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de los tramos Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey podrá ser financiada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Obras en ejecución en la LAV Palencia-Santander

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada I Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada I Reixac.

Se da así luz verde definitiva a esta actuación, después de la aprobación por parte del Consejo de Administración de ADIF la semana pasada, con un valor estimado del contrato para soterrar la infraestructura de 515.988.878,65 euros que, con el IVA, deja un presupuesto de licitación de unos 621 millones de euros. El siguiente paso es la publicación de la licitación del contrato de las obras en la plataforma de contratación del sector público.

La necesidad de concursar de nuevo las obras de integración del ferrocarril en Montcada i Reixac se deriva del recurso presentado en marzo por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), contra el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de licitación, resuelto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en junio. La nueva licitación, además, actualiza los precios de las materias primas más significativas.

Permeabilidad y mayor seguridad para el ciudadano

La integración del ferrocarril en el núcleo urbano de Montcada i Reixac impulsará una de las grandes obras de transformación urbanística y ferroviaria en la red de Rodalies. Esta actuación, junto a otras ya en curso, como la de Sant Feliu de Llobregat, promoverá la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria de la línea Barcelona-Portbou entre los dos sectores de la trama urbana, al eliminar el actual trazado en superficie.

Asimismo, incrementará las condiciones de seguridad para los vecinos y la explotación ferroviaria, al eliminarse los dos pasos a nivel situados en este ámbito, con una elevada densidad de tráfico de vehículos y peatones y en una línea con gran número de circulaciones de las líneas R2 y R11 de Rodalies. La integración creará nuevos espacios de convivencia y dinamización socioeconómica y contribuirá a la reducción de la huella de carbono.

Junto a la construcción de una nueva estación soterrada, cuyos accesos quedarán integrados en la nueva urbanización del futuro tramo soterrado, el proyecto configurará futuros esquemas de explotación de la red ferroviaria de proximidad en el entorno de Barcelona y su área metropolitana.

Características del proyecto

Para la integración del ferrocarril en este municipio (salida natural desde Barcelona hacia el norte), se ejecutará un túnel de una longitud de unos 4 km, que alojará tres vías.

El trazado del tramo soterrado se iniciará a la altura del barrio de Can Sant Joan y la zona de descenso se ejecutará construyendo una estructura formada por pantallas de hormigón. Posteriormente, su ejecución se realizará mediante sistemas convencionales de excavación de túneles, que presentan menor incidencia sobre la hidrogeología existente, alcanzándose una profundidad de 35 metros.

Superado este sector, y coincidiendo con el ámbito urbano del municipio, el tramo soterrado se realizará mediante la construcción de pantallas, losa de cubierta y contrabóveda. Para ello, es necesario construir desvíos provisionales en el trazado ferroviario actual que permitan compatibilizar la ejecución de la estructura con la explotación del servicio ferroviario de la R2.

La nueva estación subterránea se ubicará en las proximidades de la estación actual. A partir de este punto, el soterramiento seguirá avanzando en dirección norte, cruzando bajo el cauce del río Ripoll y la autopista C-33. El nuevo trazado se ha calculado con parámetros aptos para circulaciones de hasta 140 km/h y rampas máximas del 3%.

Estación accesible, sostenible y funcional

La futura estación responderá a los criterios de una estación sostenible, accesible y funcional y contará con tres vías y dos andenes laterales. La vía central, sin andén, será empleada por las composiciones de trenes regionales que no realizarán parada, reduciendo así sus tiempos de viaje.

El edificio de la nueva estación tendrá dos accesos: uno desde la calle Guadiana y otro desde el paseo que se creará sobre la losa que cubrirá las vías del ferrocarril. El vestíbulo contará con dos lucernarios que permitirán la entrada de luz al interior del edificio.

El lucernario del lado montaña se materializará mediante un forjado de vidrio traslúcido y antideslizante. Por la noche, las luces artificiales de la estación, a través de los lucernarios, proporcionarán iluminación al entorno, como si se tratase de una caja de luz.

Todas estas actuaciones contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; y el 11, que persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.

El Consejo de Ministros ha autorizado a invertir, a través de ADIF, 57,7 millones de euros en la renovación de la señalización de un nuevo tramo de la red ferroviaria convencional, de 150 km, que discurre entre Guadalajara y Ariza (Zaragoza).

El tramo forma parte de la autopista ferroviaria Algeciras (Cádiz)-Zaragoza, que ADIF articula con diferentes proyectos para adecuar el recorrido al tipo de trenes que prestan estos servicios. Parte de este tramo se incluye en la conexión entre Madrid y Soria, donde se aborda la renovación integral entre Torralba y la capital soriana.

Además, el proyecto complementa a las actuaciones que ADIF lleva a cabo para remodelar el haz de vías de la estación de Guadalajara con el fin de reforzar su operatividad.

Renovación de señalización en red convencional

La instalación del sistema de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) garantiza la distancia entre trenes, a través de señales, reforzando así la fiabilidad y la capacidad de circulación de la infraestructura.

La renovación de este sistema de señalización entre Guadalajara y Ariza se suma a las promovidas por ADIF en los últimos meses en otros tramos de la red convencional.

Entre ellos figuran varios tramos de la red de ancho métrico del País Vasco y Cantabria, como el Bilbao-Zaramillo de la línea de ancho métrico Bilbao Concordia-Aranguren; el Torrelavega-Santander (línea Santander-Oviedo) y los tramos Santander-Nueva Montaña y Maliaño-Astillero (línea Santander-Bilbao); todos ellos en fase de contratación.

Asimismo, ADIF ya contrató recientemente la instalación del BAB en el tramo de ferrocarril convencional La Gineta-Socuellamos (línea Alcázar de San Juan-Albacete-Alicante) y en el Silla-Cullera.

Máxima operatividad en vías dobles

El sistema para garantizar la distancia entre trenes BAB permite la máxima operatividad en ambos sentidos en líneas de doble vía. Así, maximiza la capacidad de circulación, especialmente ante incidencias en una de las vías, frente al sistema que sustituye -el Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD)-, que otorga un sentido de circulación preferente y restringe la capacidad de una vía.

La instalación de este sistema conlleva renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización: enclavamientos, sistemas de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el Centro de Control de Tráfico Centralizado.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: promoción de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

Esta actuación podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea (CEF). Una manera de hacer Europa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de cooperación territorial de impulso de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública en el ejercicio presupuestario 2022, por importe de 331.026.898 euros, en el marco del componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Acuerdo supone la distribución a las comunidades autónomas de 331 millones de euros para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil.

El objetivo es facilitar la escolarización de 0 a 3 años, mejorar la conciliación de las familias, especialmente de aquellas con menos recursos y de las mujeres jóvenes, y mejorar la equidad del sistema educativo.

Este programa de cooperación territorial, incluido en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una financiación total de 670,1 millones de euros a tres años. En concreto, en 2021 se invirtieron 200.790.000 euros; en 2022 se trasladarán a las comunidades autónomas 331.026.898 euros; y 2023, 134.774.300 euros. Esta financiación se completa con la destinada a Ceuta y Melilla y permitirá la creación de 65.382 nuevas plazas (21.794 cada año), con especial hincapié en las de 1 y 2 años.

El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales políticas del Gobierno, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, la disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

El siguiente cuadro recoge la distribución de fondos de este programa:

Para la distribución de los fondos, que deberá ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación, se ha tenido en cuenta el nivel de formación de la población de 25 a 64 años, las tasas netas de escolarización de 0 a 2 años, la población de 0 a 2 años y la dispersión de la población.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de financiación de gastos de escolarización en enseñanzas no universitarias, de régimen general, de personas desplazadas desde Ucrania en el marco del conflicto armado, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 13.531.358,16 euros.

Este reparto de 13,5 millones de euros a las comunidades autónomas se dirige a financiar los gastos derivados de la escolarización de los menores desplazados por la guerra en Ucrania.

Los fondos, que está previsto que sean de 70 millones en 2023, podrán utilizarse para contratación de personal docente de refuerzo, de personal laboral y de auxiliares de conversación; transporte y comedor escolar; adquisición de material escolar y de mobiliario escolar; y adaptación y/o acondicionamiento de espacios para aulas ordinarias, entre otras.

Hasta la fecha, el sistema educativo español ha incorporado a sus aulas más de 30.000 ucranianos en etapas no universitarias.

El siguiente cuadro contiene la distribución de fondos de este programa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial complementaria de los créditos gestionados por comunidades autónomas, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el ejercicio presupuestario 2022 por importe de 101.224.580 euros, y se modifica el plazo de ejecución del compromiso y las actuaciones establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 17 de mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas por importe de 846.429.590 euros.

Estos fondos complementarios para la realización de acciones formativas se dirigen a trabajadores empleados y desempleados en 2022. Se trata de 101 millones de euros que se suman a los 846 millones aprobados el pasado mes de mayo para este mismo fin.

Estos fondos, procedentes de los presupuestos anuales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, irán dirigidos a formación en certificados de profesionalidad vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siguiendo las necesidades formativas del mercado laboral.

El siguiente cuadro contiene la propuesta de distribución territorial.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que refuerza el papel de la industria en la estructura económica y social de España y su contribución a la doble transición verde y digital, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta los instrumentos de política industrial para mejorar la competitividad de la industria española en la esfera internacional. Se trata de una reforma contemplada en el Plan de Recuperación y moderniza el marco jurídico industrial al sustituir a la actual ley, que data de 1992.

Este anteproyecto de Industria es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país, de forma que contribuye a incrementar el peso de las actividades industriales en nuestra estructura económica y social y a obtener para nuestro país un crecimiento más sostenible y digital y una mayor resiliencia ante los retos derivados de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El nuev anteproyecto involucra al conjunto de administraciones públicas, a los agentes económicos y sociales y a las fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria de nuestro país con un doble objetivo: en primer lugar, la necesaria reactivación económica y social tras la pandemia y la guerra, en segundo lugar, la modernización de nuestro modelo productivo para abordar con éxito la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial", ha señalado la ministra.

Características del anteproyecto de Ley de Industria

La norma aborda aspectos como la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización, la digitalización industrial, la adaptación de la industria a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Los principales objetivos de la norma son los siguientes:

Se consideran dentro del ámbito de aplicación de la norma las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

La nueva norma establece que la Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial. Los beneficiarios de las ayudas otorgadas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en caso de grandes empresas y tres en caso de pymes.

1.Estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español

Se refuerza la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad. Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.

2.Desarrollo de los ecosistemas industriales e impulso de proyectos tractores y de interés general

La nueva norma pone la mirada en los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, especialmente aquellos que tienen la consideración de estratégicos, promoviendo las medidas de apoyo a los mismos.

La norma regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

3.Medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial

Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía y medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización.

Asimismo, se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.

Se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación.

Las Administraciones Públicas promoverán e implantarán, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión.

La norma introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.

4.Ordenación de los procesos de reindustrialización

Hay un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización donde se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo. Deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados. Para ello se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá a Administración General del Estado.

5.Industria estratégica y agentes de financiación

Se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) con la declaración de proyectos de interés general.

Entre los agentes de financiación, destacan el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).

Como agentes de ejecución la norma recoge a la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.

Las instalaciones, equipos y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos reglamentarios de seguridad.

En caso de riesgo grave e inminente, la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras.

Los Reglamentos de Seguridad establecerán las instalaciones afectadas, las condiciones técnicas, requisitos de seguridad, medidas que deben adoptar los titulares, régimen de mantenimiento e inspecciones de las instalaciones o equipos, exigencia de seguros y, excepcionalmente, necesidad de autorización administrativa.

Se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.

La norma detalla el régimen de infracciones y sanciones. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta norma será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.

Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente: a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 €. b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros. c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100M€.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Defence and Space, S.A.U., para el programa Euromale RPAS.; y el Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Helicopters España, S.A.U., para el programa de los helicópteros Tigre MKIII.

El objetivo de estos reales decretos es financiar la participación española en estos programas entre 2022 y 2028. La suma de ambos préstamos es de 2.137 millones de euros: 1.429 millones para el programa de drones y 707 millones para los helicópteros.

España participa en el programa de desarrollo del sistema aéreo tripulado remotamente de gran autonomía y altitud media europeo EUROMALE RPAS para atender las necesidades de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Es un programa internacional entre Alemania, Francia, Italia y España para dotarse de capacidades en este tipo de sistemas no tripulados y con posibilidad de portar armas.

Tras la ejecución de una primera fase, se acomete la fase 2, de desarrollo del programa con vistas a la entrada en servicio del sistema en el año 2028, con una participación de los países en esta fase del 32 % de Alemania, del 24% para Italia, y del 22% para Francia y España respectivamente.

El préstamo plurianual se firmará con Airbus Defence and Space y se destinará a cubrir parcialmente los gastos e inversiones necesarios para para el diseño, desarrollo, producción y apoyo a la entrada en servicio y apoyo logístico para de un sistema aéreo remotamente tripulado de media altitud y gran autonomía.

El impacto económico es positivo. En concreto, se asegura su carga de trabajo en las factorías de Getafe, Sevilla y Cádiz. Se estima que el impacto en el empleo derivado del programa EUROMALE RPAS suponga una media de 3.000 empleos al año durante los próximos 15 años. Estas cifras corresponden al empleo directo, indirecto e inducido en España.

El programa de los helicópteros Tigre MK III es un programa bilateral de España y Francia para modernizar sus respectivas flotas de helicópteros Tigre, con el propósito de extender su vida útil de 20 a 40 años y aumentar sus capacidades. La modernización consiste en mejorar y renovar los sistemas y subsistemas, arquitectura de aviónica, equipos de operación y capacidades de armamento de la actual flota de helicópteros Tigre.

El préstamo plurianual se firmará con Airbus Helicopters España, que es la entidad a través de la que se canalizará la participación española en el programa. El préstamo se destinará a cubrir parcialmente los gastos e inversiones necesarios para llevar a cabo los trabajos que es preciso ejecutar para la modernización a un nuevo estándar común de las flotas de 42 helicópteros de Francia y 18 helicópteros de España en el período 2022-2028.

Para Airbus Helicopters España, este proyecto asegura su carga de trabajo en las factorías de Getafe y Albacete, incrementando notablemente su plantilla.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención para la mejora de las infraestructuras y servicios de los polígonos industriales Plans de la Sala, Pla del Mas, Berenger-Pla de Manyanes e Illa, del municipio de Sallent y de los polígonos industriales de La Pobla y Els Joncarets, del municipio de Súria. Esta subvención tiene una cuantía de un millón de euros.

El Bages es una comarca de tradición industrial con una fuerte especialización en la minería potásica, actividad que ha decaído en los últimos años. Su posición estratégica y su red de comunicaciones la convierte en un nudo de enlace con la Región Metropolitana de Barcelona y con el corredor hacia la Cerdanya y Andorra de gran importancia industrial.

Esta actuación es necesaria por cuanto responde a una decisión estratégica para la promoción de la actividad industrial de la zona. Las razones de interés público, social y económico de la financiación para mejorar las infraestructuras y servicios de los polígonos actuales de los municipios de Súria y Sallent quedan acreditadas por cuanto estas actuaciones fomentarán la permanencia de las empresas actuales y atraerán nuevas empresas con el objetivo último de ofrecer y mantener oportunidades industriales en la zona.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas ayudas, que suman 64 millones de euros, se distribuyen entre Illes Balears (30 millones de euros), Canarias (30 millones de euros), Ceuta (2 millones de euros) y Melilla (2 millones de euros). Las subvenciones contribuirán a la recuperación del ecosistema turístico de estos territorios y tendrán un importante impacto económico y social. El plazo de ejecución de estas ayudas tiene como fecha límite diciembre de 2024.

Las ayudas permitirán reforzar el atractivo turístico de los dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras el impacto de la pandemia y mejorarán su competitividad turística a través de la financiación de inversiones en infraestructuras turísticas obsoletas, la gestión medioambiental de los destinos o la promoción de movilidad sostenible, entre otras. Con este programa se contribuye también a la cohesión social, económica y territorial.

Refuerzo de la competitividad turística de los territorios

Las subvenciones aprobadas se destinan a financiar infraestructuras públicas, a la gestión medioambiental y el tratamiento de residuos, la promoción de la movilidad sostenible, así como a la recualificación de infraestructura turística obsoleta.

Además, servirán para reforzar los servicios públicos en zonas de especial influencia turística, en particular, los servicios administrativos, de seguridad y los sanitarios. También van destinadas a la formación, especialmente la juvenil, vinculada al turismo, y al desarrollo de productos turísticos alternativos y la modificación de la oferta.

Por último, el paquete de ayudas aprobadas permitirá crear incentivos para facilitar la conectividad y para que las empresas turísticas operen fuera de la temporada alta, así como ayudar a la promoción de los territorios extrapeninsulares como destinos turísticos de interés histórico-cultural y la promoción turística en las distintas estaciones del año.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal. El proyecto normativo tiene por objeto una modificación parcial del Real Decreto 997/2003, del reglamento del Servicio Jurídico del Estado, y su finalidad es adaptar la asistencia jurídica al Estado y al resto del sector público a las necesidades de una Administración moderna.

Este real decreto contempla potenciar el valor de la búsqueda de la excelencia en la organización de la Abogacía General del Estado; culminar la reorganización iniciada en el año 2003, eliminando la coexistencia de fórmulas organizativas diferentes y lograr el refuerzo institucional de la Abogacía General del Estado.

También reforzará el ámbito consultivo, potenciando las funciones de coordinación y apoyo; y fortalecerá el ámbito contencioso mediante una mayor especialización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Del mismo modo, la norma pretende dotar a la organización de una estructura más racional y eficiente, introduciendo unidades intermedias; adaptar la organización territorial de la Abogacía General del Estado a la organización de la Administración del Estado en el territorio; así como racionalizar su estructura con el fin de garantizar la prestación de una asistencia jurídica estable en aquellas provincias cuya cobertura presenta dificultades en la actualidad.

Con este real decreto, también se busca introducir fórmulas que incrementen la flexibilización y la dinamización de la organización; racionalizar el trabajo y mejorar el aprovechamiento y la eficiencia de los recursos humanos.

El Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de la ubicación de la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla y la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña.

El procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias públicas estatales ha sido un éxito y ha tenido gran acogida al recibirse 37 candidaturas en total procedentes de 14 comunidades autónomas.

Al respecto, en el dictamen elevado al Consejo de Ministros, la Comisión Consultiva decidió por unanimidad Sevilla, como sede de la Agencia Espacial Española, y A Coruña, como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA (AEE)

El Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de que Sevilla sea la sede de la futura Agencia Espacial Española, al ser considerada la candidatura más adecuada a las necesidades operativas de dicha agencia, entre 21 candidaturas presentadas.

La candidatura de Sevilla, respaldada por la Junta de Andalucía, presenta una excelente sede valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia sin coste alguno por el Ayuntamiento, equipada y acorde a los requisitos con un edificio singular y de uso exclusivo ya disponible y adecuado a la actividad.

La ciudad de Sevilla aporta el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), con todos los equipamientos necesarios: salas de reuniones y videoconferencias, aparcamiento, espacios multifuncionales, dotación de comunicaciones digitales e infraestructura para garantizar la seguridad. Se valora positivamente la inmediata disponibilidad del inmueble, ya en funcionamiento, así como el hecho de que el municipio ofrezca cuatro ubicaciones alternativas en su término municipal para que sean tenidas en cuenta en el futuro ante eventuales cambios en la Agencia y necesidades de ampliación o traslado.

Sevilla presenta también una buena red de conexiones internacionales aéreas, AVE y terrestres, una amplia y variada oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes de impacto, sinergias y mercado inmobiliario. Asimismo, es importante el entorno de investigación y empresarial en el área aeroespacial, así como el necesario entorno socioeconómico y educativo que permita una adaptación adecuada del personal de la Agencia, y la propuesta de un programa de apoyo para la integración y reagrupación familiar.

Sevilla es una ciudad con gran tradición en el sector aeroespacial, que además en los últimos años ha experimentado un crecimiento notable. Se acreditan 152 entidades con experiencia en el sector del espacio dentro de la comunidad autónoma, de las que 64 se ubican en Sevilla. Sevilla concentra además 36 empresas, 22 grupos de investigación y 5 organismos públicos vinculados al espacio, destacando el clúster Andalucía Aerospace y la tractora Airbus.

Sevilla registra asimismo intensa actividad en el ámbito educativo. En cuanto a la formación universitaria, Sevilla es una de las ciudades con una mayor actividad de España. La ciudad cuenta con 4 universidades (Sevilla, Pablo de Olavide, Loyola e Internacional de Andalucía) además de varios centros universitarios privados.

La elección de Sevilla contribuirá a reforzar la capacidad de la región sur de España para atraer talento, inversiones y crear nuevos focos de crecimiento social y económico. La candidatura de Sevilla era igualmente importante para albergar la Agencia Espacial Española para colaborar en el desarrollo de la industria aeroespacial en el resto de provincias y municipios andaluces y que desarrollará un efecto positivo en la cohesión territorial del país.

Importancia de la Agencia Espacial Española

La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios. Servicios y aplicaciones de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la UE. El espacio es asimismo una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación.

Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se iguala al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio.

AGENCIA ESPAÑOLA DE SUPERVISIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de que A Coruña sea la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, por unanimidad de la Comisión Consultiva tras superar el proceso objetivo y técnico de valoración de las 16 candidaturas presentadas, atendiendo a su vez al compromiso de descentralización del sector público del Gobierno y de la vertebración del territorio.

España se convierte en el primer país de la Unión Europea con una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y se antepone así a la entrada en vigor del futuro reglamento europeo, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia.

La Agencia se ubicará en Galicia, para que esta región se convierta un polo de atracción y retención de talento, de trabajo cualificado; y contribuya a luchar contra el fenómeno de la despoblación, con empleo directo e indirecto. Será competente en España para supervisar el desarrollo de un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología y potenciará el ecosistema de investigación, empresarial y social relacionado con este ámbito.

Con esta decisión se ha valorado que los centros de investigación de las universidades gallegas hayan puesto en marcha proyectos de carácter internacional, posicionando a Galicia a la vanguardia de la investigación en materia de Inteligencia Artificial. También se ha tenido en cuenta la fuerte relación entre investigación y empresa, basada en la presencia de empresas tractoras que incorporan la Inteligencia Artificial a sus procesos productivos

Además, la ubicación de la Agencia en Galicia puede generar un mayor impulso a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, favoreciendo una mayor y mejor cooperación transfronteriza, y permitiendo la creación de un hub de talento ibérico para atraer y retener talento investigador en Inteligencia Artificial.

A esto se añade que Galicia podría actuar como territorio en el que desplegar proyectos previstos en el Proyecto Estratégico (PERTE]) de la "Nueva economía de la lengua" con el que se potencia el español y las lenguas cooficiales como factores de crecimiento y competitividad a través de un ecosistema de innovación e inteligencia artificial. Las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela ya cuentan con grupos de investigación de referencia en el campo del procesamiento del lenguaje natural, que engarzan con la iniciativa del PERTE.

Se trata de una apuesta de futuro por parte del Gobierno de España en esta comunidad autónoma, que favorece muy positivamente la cohesión y la vertebración territorial en nuestro país.

Importancia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y potestades administrativas. Será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de Inteligencia Artificial (IA) y para supervisar la correcta interpretación de la misma. Pretende concienciar asimismo sobre el impacto de la IA en la sociedad, con el objetivo de generar confianza en un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología. En este sentido, la Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales.

COMISIÓN CONSULTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS SEDES

La Comisión Consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos está adscrita al Ministerio de Política Territorial y es el órgano que asiste al Consejo de Ministros en el proceso de elección.

La Comisión Consultiva verificó que 37 candidaturas (21 para la Agencia Espacial Española y 16 para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) reunían los requisitos establecidos.

La Comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y forman parte de la misma representantes de los ministerios de Política Territorial; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a representantes de los ministerios a los que se adscriben los nuevos organismos públicos.

Concluido los plazos de recepción de solicitudes para las nuevas sedes y los plazos para la emisión de los informes, la Comisión elaboró su dictamen, analizando las posibles sedes para las entidades afectadas, que remitió para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y lo elevó al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, ha adoptado su decisión.

La desconcentración, principio de funcionamiento de la AGE

Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. Efectos positivos de la desconcentración que se verán reforzados con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un proceso objetivo y competitivo.

La desconcentración de organismos públicos fortalecerá asimismo la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.

Al enunciar los principios que deben regir el funcionamiento de la Administración pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo en el artículo 54.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, como consecuencia de la creación y entrada en funcionamiento en 2021 de nuevos órganos judiciales en Arenys de Mar y Vic.

De conformidad con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, el Estado ostenta competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Por su parte, la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su artículo 104 que corresponde a la Generalitat la competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia en Cataluña.

Asimismo, el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Este real decreto reserva al Estado la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en Cataluña, disponiendo que, una vez en funcionamiento, la Generalitat de Cataluña asumirá el mantenimiento, reposición y titularidad de las instalaciones, tras la correspondiente ampliación de los medios traspasados.

En consecuencia, el traspaso en materia de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, aprobado en 1990, se ha completado posteriormente mediante sucesivos reales decretos.

Se trata de la tercera ampliación efectuada en esta XIV Legislatura, junto con los reales decretos 1156/2020, de 22 de diciembre, y 1122/2021 de 21 de diciembre, ascendiendo a un total de diecinueve. El anterior traspaso a la comunidad autónoma de Cataluña para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia se produjo en 2011, hace 11 años.

La Comisión Mixta de Transferencias del 6 de junio de 1994 apoderó al presidente y vicepresidente para aprobar los acuerdos de ampliación de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. De esta manera, la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Mixta de Transferencias dieron conformidad los días 25 y 28 de noviembre de 2022 a este acuerdo de ampliación de los medios traspasados.

La valoración del coste efectivo de la ampliación de los medios traspasados es de 170.038, 94 euros. Asimismo, como entregas por una sola vez y sin que se incorporen en el coste efectivo de la ampliación de los medios traspasados, se transfieren a la Generalitat de Cataluña, las cantidades de 807.057,66 euros, para gastos de inversión mobiliaria e inmobiliaria, y 64.207,01 euros, para gastos de arrendamiento y funcionamiento correspondientes a los meses del ejercicio 2021 en que han estado en funcionamiento los nuevos órganos judiciales objeto de esta ampliación.

Los nuevos órganos judiciales que motivan este traspaso son:

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, únicamente en cuanto a la disposición adicional primera apartado 1.c que se añade a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Se recurre este único artículo, una vez alcanzado acuerdo parcial con la Generalitat de Cataluña, a través de la Comisión Bilateral en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucionales, en otros apartados de la Ley.

Fundamentos jurídicos del recurso

Se cuestiona la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley de la Generalitat 1/2022, en primer lugar, porque reproduce nuevamente algunos preceptos del Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda anulados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2021.

El mencionado artículo 12 añade una disposición adicional primera a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La disposición adicional afecta a la regulación de la propiedad privada (artículo 33 Constitución Española) y a la competencia en materia de legislación civil, y supondría asimismo una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3. Constitución Española, del artículo 14 (igualdad) y 149.1.18ª (competencia exclusiva del Estado en legislación sobre expropiación forzosa).

La inconstitucionalidad del precepto que se impugna ha resultado avalada también por los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo de Garantías Estatutarias y emitidos en relación con el Decreto-Ley 17/2019, con carácter previo a la antes citada Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2021.

El Gobierno considera, por tanto, que concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional del artículo 12 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, únicamente en cuanto a la disposición adicional primera apartado 1.c que se añade a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

D. ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Nacido en Tuy (Pontevedra) en 1956, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En los últimos treinta años ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en la Administración General del Estado: secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2012-2022), director general del Instituto Geográfico Nacional (2002-2012), subdirector general de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Economía y Hacienda (1996-2002), director general de la Función Pública (1995- 1996), director general de Servicios en el Ministerio para las Administraciones Públicas (1993-1995).

También ha participado en órganos rectores de distintas empresas públicas, como Auxini, Trasmediterránea, Correos o Puertos del Estado; o de empresas privadas, como Biópolis; y en órganos colegiados, entre los que se puede destacar la Comisión Superior de Personal, la Comisión Interministerial de Retribuciones o el Consejo Superior Geográfico. Además, ha colaborado en numerosas acciones formativas, especialmente en materia de Dirección y Planificación Estratégica y sobre el desarrollo de recursos humanos, la planificación y gestión de inversiones o el seguimiento y control del presupuesto.

Es coautor del estudio "Administración y Competitividad", publicado por la Escuela de Organización Industrial, y del ensayo "De Ciencia, gestión pública y otros menesteres" publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid (España)

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